Llamarada violentísta

Llevamos mas de una década de atentados incendiarios en La Araucanía, cada vez más graves, como los que hemos vivido los últimos dos años, donde la gente en los campos vive asustada de que en cualquier momento les pueda tocar a ellos o a alguien de su familia.

Son múltiples las voces que han llamado la atención sobre los desaciertos que se traslucen del actuar policial, judicial y de las autoridades a cargo de poder ponerle coto a esta lacra.

Entre todas las malas noticias, una buena, por fin se crea una unidad especializada que pueda abordar sistemáticamente esta escalada, ya que recientemente se ha anunciado la creación de la segunda Fiscalía de delitos de alta complejidad, precisamente aquí en la región y operará a partir del mes de abril. La anterior, es una que funciona en la capital, allá como todos sabemos cuesta menos implementar unidades, ahí están los que cortan el queque. Su función será, entre otros, desarrollar peritajes mediante nuevas técnicas y permitir una mejor articulación de las policías, así como una adecuada protección de las victimas, en palabras del fiscal regional Cristián Paredes.

Sin duda se requiere que varios factores se encadenen para que esto funcione, primero que se la dote de los recursos necesarios para desarrollar eficazmente su labor, así como de las decisiones y el apoyo de todos los actores involucrados. Ya que para que pueda operar eficientemente el sistema de persecución criminal debe actuar la institucionalidad completa del Estado.

Más del 77% de los 250 hechos violentos del 2013, según el Barómetro de Conflictos que lleva la Multigremial, ocurrió en el territorio del Área de Desarrollo Indígena ADI Ercilla. La impunidad de los hechos ocurridos en este sector, hace que estas acciones incluso se exporten a otros lugares de la  región, aprovechando las facilidades que otorgan las altas temperaturas  de verano. Sin duda, esta escalada se refleja en los 43 hechos violentos ocurridos durante el mes diciembre del año pasado, los cuales duplican lo ocurrido en el mismo mes del año anterior.

Es de esperar, que frente a esta llamarada violentista que azota a La Araucanía, la nueva Unidad de la Fiscalía, pueda corregir los desaciertos a los que nos han acostumbrado los servicios especializados del Estado, como organismos encargados de combatir y sancionar estos delitos. De otra forma, esto se seguirá extendiendo amparado en la impunidad.

Austral de Temuco

Estado piñufla

Se acaba de cumplir un año de tristeza, el sacrificio de los Luchsinger-McKay consiguió remecer a la sociedad sureña y logró que el país visibilizara crudamente la violencia en La Araucanía. Un cuento que pareciera de nunca acabar, donde los violentistas no se amilanan e incendian helicópteros protegidos por carabineros e irrumpen en Temuco con ataques incendiarios, entre estos la casa de un destacado agricultor. En su oportunidad el gobierno se preocupó, reunió a la bancada de parlamentarios regionales, sesionaron los cuerpos de inteligencia de las policías y de las distintas ramas de las fuerzas armadas. Sin embargo, pareciera que estamos donde mismo. Lo que más llama la atención, después de tantos años sometidos a los ataques incendiarios en la región, son los desaciertos que se traslucen del actuar policial, judicial y de las autoridades nacionales y regionales, con juicios e investigaciones que se dilatan y alargan en el tiempo, sin tener resultados.

Un año atrás decíamos que era necesario “darle a la comunidad regional una explicación rápida de quienes eran los culpables, así como desnudar a los ideólogos que ensucian la causa mapuche con esta violencia insana, no hacerlo de manera expedita dañará irremediablemente a nuestra sociedad regional.” No nos cabe duda, que si alguno de estos atentados hubiera ocurrido en Las Condes o Vitacura, de seguro que el juicio ya habría concluido y los culpables estarían purgando sus penas. Tal como reza el dicho, la justicia no solo debe ser justa sino además oportuna, en La Araucanía, no ha sido justa, ni menos oportuna.

La crónica de una serie de atentados anunciados, que se han venido repitiendo, durante los últimos años, en esta época estival, y las declaraciones en la prensa, son un crudo reflejo del estado de la situación. Explicaciones reiteradas como “el ataque se produjo una vez que los efectivos se retiraron del lugar o en el cambio de turno”, son una prueba palpable del desamparo a que están sometidas las familias que viven en los campos sureños. Como gran acierto la prensa da cuenta de que podría tratarse de una campaña de ataques a blancos selectivos. Se anuncia la llegada de más efectivos, pero si se sigue haciendo más de lo mismo, los resultados serán siempre los mismos. En este aspecto, en La Araucanía pareciera no imperar el estado de derecho, lo que hay es apenas un Estado piñufla.

Hace 13 años escribíamos, “cuando se presta atención a quien grita, golpea y atrae a las cámaras, para dar la idea de conflicto generalizado, amparado en la postergación histórica de los mapuche, los que queman maquinas o incendian, imitando experiencias extranjeras, terminan imponiendo sus condiciones.” Lo más llamativo, es que las diversas encuestas realizadas al mundo mapuche indican un rechazo mayoritario a la violencia, en la última realizada recientemente por la Fundación Aitué en las regiones sureñas, un 74% no considera legitimas la acciones de violencia.

Las elites nacionales deben asumir con sinceridad lo que no se ha hecho por décadas y décadas. Y de paso escuchar y empoderar a los que saben y viven esta problemática en la misma región, para que se puedan transformar en instrumentos efectivos de solución de sus problemas. Por ejemplo, con un intendente elegido y legitimado por la ciudadanía regional, al menos sería posible anticipar y exigir soluciones, coordinar inteligencia y tener el peso democrático suficiente, para convencer a las autoridades centrales de la urgencia de adoptar determinadas políticas y programas.

La Prensa Austral de Punta Arenas
El Libertador de Rancagua (04 ene 2014)
Austral de Temuco (05 ene 2014)