Cuestión nacional

Hace 10 años escribíamos en una columna denominada “Oportunidad Mapuche” que, “la preocupación del gobierno frente a los brotes de violencia, la institucionalidad diseñada y las medidas centrales tomadas por las autoridades, especialmente en cuanto a la entrega de tierras, no han sido la más adecuadas”. En el tema, cual más cual menos, como que no se avanza y muchas veces, incluso pareciera que va de mal en peor.

La postergación y pobreza del pueblo mapuche, que se arrastra desde hace muchos años, es una cuestión nacional en cuanto a la responsabilidad histórica del Estado por esta situación, así como en cuanto a la magnitud y origen de los recursos que se debe destinar a su resolución, pero sin lugar a dudas, donde la Región de La Araucanía debe tener un rol relevante en cuanto a su resolución, más aun cuando las medidas y decisiones centrales rara vez han acertado.

Decíamos también que “el peor error sería centralizar el tema y plantearlo únicamente en torno al combate de las acciones terroristas, objetivo que generalmente buscan los grupos violentistas. Estos aspiran siempre a tener al frente al Estado nacional, alejado de la realidad regional, reaccionando a destiempo con sus sistemas de seguridad, para así llamar la atención de los medios, en especial los internacionales”.

Hoy, al igual como lo expresáramos hace una década, es la oportunidad para generar una gran mesa con los distintos sectores, gremios y actores involucrados en la temática mapuche a nivel de La Araucanía y así consensuar una estrategia con visión regional, para que el país los escuche. De no hacerlo, se seguirá instrumental izando el tema por iniciativas ajenas que violentan y alteran el desarrollo regional.

Es imperativo que el Estado entregue en forma urgente las atribuciones y recursos necesarios para que la propia Región de La Araucanía con sus instituciones, comunidad y autoridades, pueda consensuar e implementar soluciones, políticas ymedidas propiamente regionales a sus problemas.

La instauración del procedimiento de adquisición de tierras en conflicto, como una práctica en la adquisición de tierras y no como un mecanismo para solucionar casos especiales que se arrastraban por años y su priorización por sobre el subsidio de adquisición de tierras, se constituyó en un errado mensaje para las comunidades y personas indígenas, ya que significó casi inmediatamente multiplicar las tomas, denuncias por usurpación, etc., todos creando conflictos artificiales para obtener en muchos casos que se estudiara el mismo como caso de predio en conflicto.

Adicionalmente para las comunidades indígenas, se adquieren las tierras que les son asignadas como persona jurídica, sin vinculación alguna con las personas naturales indígenas. Esto ha acarreado una serie de consecuencias, ya que la regulación jurídica es muy precaria. La única norma actualmente vigente respecto de ellas es el artículo 10 de la Ley Indígena. Adicionalmente existen algunas normas que se han dado las propias comunidades en sus estatutos, que son vinculantes mientras no los modifiquen. Luego, la normativa desde un punto de vista técnico, no es clara para precisar su desenvolvimiento económico, distribución de utilidades y pérdidas, participación de los socios en el dominio, etc., más aun si se considera la inversión que hace el Estado en ellas, al adquirir tierras por muchos millones de pesos, los que además se entregan sin retorno.

Todo lo anterior, permite que un porcentaje cercano al 70 por ciento de las tierras adquiridas por Conadi a las comunidades indígenas, mantenga conflictos internos derivados de la falta de certeza de los derechos de los socios en el bien adquirido.

La Prensa Austral de Punta Arenas
El Libertador de Rancagua (20 ene 2013)